Energía es más que luz

La energía eléctrica es necesaria para nuestras vidas, para el desarrollo del país y debe de tener una red fuerte para que nos llegue a todos. El sector eléctrico es de suma importancia para la economía, la seguridad y la educación de un país. Les presentamos este pequeño video que nos ilustra claramente el tema.

ENERGÍA, MITOS Y JUSTICIA

Antes, los mitos y leyendas se transmitían de boca en boca. Ahora, que nos la llevamos de modernos, los mitos son difundidos por internet. Lo malo es que la web alcanza mucho más gente en menor tiempo y se difunden creencias erradas.

Hoy, por ejemplo, vi un video que entre otras cosas afirma que la radiación electromagnética de las torres y subestaciones de alta tensión dañan la salud y el medio ambiente. El video dice que las líneas de alta tensión causan leucemia, alzheimer, esclerosis, cáncer cerebral, abortos, malformaciones fetales y hasta conductas suicidas.

Esto me hace pensar que, a pesar de que estamos en 2017, los mitos que escuchábamos en los años 70 y 80 todavía perduran en la mente de muchas personas. Y eso es uno de los mayores frenos al progreso en nuestros países: no distinguir los mitos de la realidad científica.

No olvidemos que el desarrollo va de la mano de la energía eléctrica. Y en muchos sentidos: si queremos vivir sin apagones, hacen falta subestaciones. Si queremos iluminación pública para evitar asaltos, hacen falta postes. Si queremos que haya hospitales efectivos y funcionen las máquinas de oxígeno y los monitores médicos, necesitamos electricidad.

Oponerse a ello es condenarnos a seguir en el subdesarrollo, en la pobreza y la falta de accesos a salud, educación y oportunidades. Así de simple.

Lo que dice la ciencia

Según afirma el doctor Ricardo Cubedo, oncólogo de la Clínica Universitaria Puerta de Hierro, Madrid, en un artículo en El Mundo.es, las radiaciones de las líneas de alta tensión se clasifican en ionizantes y no-ionizantes.

Las ionizantes son las de los Rayos X, la radioterapia y los reactores nucleares; las no-ionizantes “pertenecen a los campos electromagnéticos que se producen en torno a cualquier dispositivo por el que circula corriente eléctrica, como líneas de alta tensión, teléfonos móviles, afeitadoras eléctricas, hornos a microondas u ordenadores”.

O sea que una torre de alta tensión no es más riesgosa que llevar el teléfono en el bolsillo, trabajar en computadora o calentar nuestro café en un horno microondas.

Cubedo explica que las radiaciones que tienen efectos sobre los tejidos vivos son las ionizantes. Los efectos negativos serían la radiación de las explosiones atómicas y los Rayos X que pueden ser perjudiciales para un feto; y los benéficos serían la radioterapia en el tratamiento del cáncer y la esterilización de materiales quirúrgicos.

La exposición a los campos electromagnéticos depende de la potencia de la fuente y de la distancia. Y aunque la potencia de una línea de alta tensión es muy alta, “el campo electromagnético que envuelve a quien está debajo de ella es menor que el que ocasiona un teléfono móvil o una afeitadora eléctrica”, detalla el médico.

Al respecto se han realizado experimentos donde someten animales a campos electromagnéticos más intensos que los que cualquier persona podría experimentar durante toda su vida, y no se han apreciado efectos dañinos.

Y más importante: durante muchos años se ha estudiado a personas que por su profesión están en contacto, durante la mayor parte de su vida adulta, con radiaciones no-ionizantes intensas: trabajadores de mantenimiento de líneas eléctricas de alta tensión, radiotelegrafistas, telefonistas, técnicos de sonido, marineros de submarinos o aviadores, y ninguno de estos grupos presenta mayor incidencia de cáncer que la población general.

Otros estudios afirman que el número de personas con leucemia y distintos tipos de cáncer en territorios urbanos atravesados por torres de alta tensión es la misma que en cualquier otro sitio. Y que el número de enfermos no aumenta en áreas donde la intensidad de los campos eléctricos es más grande.

Cubedo añade que no hay que desestimar que muchas personas, por herencia familiar, tienden a padecer algún tipo de cáncer. La culpa no es de las líneas de alta tensión sino de la genética.

Y como el tema es demasiado extenso para discutirlo en un post, les recomiendo leer este enlace, que explora los mitos y fraudes al respecto.

No nos dejemos llevar por lo primero que leamos. Lo importante es que investiguemos por nuestra cuenta y miremos más allá de un post engañoso. Yo mismo admito que hace años también creía en algunos mitos que ahora me dan vergüenza, pero nunca es tarde para romper las cadenas de la desinformación.

Es pura cuestión de voluntad. Ahí está el internet, esa valiosísima fuente de información, para que nos eduquemos. La web no es solo memes o videos de gatitos, es una herramienta de información, que en malas manos, se convierte en desinformación y atraso para nuestas comunidades.

El caso Guatemala

Desde hace años, en nuestro país han surgido personajes de dudosa moralidad que se autonombran defensores del medio ambiente y enemigos de la corrupción cuando en realidad son mercenarios del conflicto, como el sindicalista Bernardo Caal, los dirigentes de Codeca y algunas ONG.

Estas personas viven de la calumnia, los bloqueos de carreteras, la toma de fincas y la oposición sistemática a los proyectos de electrificación en nuestro país. Lo irónico es que claman por justicia y transparencia y ellos mismos promueven el abuso y la ilegalidad.

Como ejemplo, miremos lo sucedido en Baja Verapaz en noviembre de este año, cuando la empresa Energuate desactivó el suministro eléctrico a unos 14 dirigentes de Codeca: a unos por tener conexiones ilegales en sus domicilios y a otros por llevar años sin pagar sus facturas por consumo de electricidad. En conjunto, el monto de lo adeudado ascendía a Q52,843.

Bernardo Caal, por su parte, se autonombra líder comunitario de la región del Cahabón, pese a que vive en Chimaltenango. Este personaje ya tiene dos órdenes de captura en su contra: la primera por cobrar un año de sueldo como maestro sin haber dado clases nunca, y la más reciente, del 8 de diciembre, por acusaciones de robo agravado, detenciones ilegales con agravaciones específicas e instigación a delinquir.

¿Y cuáles son las armas que utilizan estos seudo-dirigentes para manipular a la gente? La desinformación, el rumor y la mentira digital. No son líderes de sus comunidades sino al contrario: lucran con la miseria de la gente que dicen defender.

Las organizaciones sociales sí pueden ser investigadas por la CICIG

En una entrevista radial, el comisionado Iván Velásquez afirmó que las organizaciones campesinas también son susceptibles de ser investigadas.

La reciente ola de fincas invadidas en el área del río polochic, los numerosos bloqueos de carreteras y los trabajadores de hidroeléctricas y fincas secuestrados hacen que muchos pregunten por qué este tipo de organizaciones no son investigadas. 

La duda fue aclarada por Iván Velásquez, comisionado de la CICIG. En una entrevista concedida al programa radial Con Criterio, el comisionado afirma que no hay colectivos ni organizaciones intocables. Según Velásquez, la principal dificultad para accionar contra entes como Codeca, Cuc y Colectivo Madre Selva es logística.

“Hay amplísimos territorios del país en los que no hay control del Estado. Ahí hay crimen organizado, que además administra el orden o el desorden en esas regiones del país”. La distancia, comenta, impide que la CICIG y el MP puedan investigar los ilícitos que ahí se comenten.

Y en ese sentido tiene razón: existen regiones tan lejanas que se dificulta mucho llegar a ellas, ya no digamos investigar e impartir justicia. Y es ahí, en esas tierras de nadie, donde se dan situaciones delictivas con toda impunidad: invasiones a fincas productoras, robo de fluidos eléctricos, cobros indebidos por servicios deficientes o robados, secuestro de personas, intimidación a pobladores, destrucción de propiedad privada, narcotráfico y asesinatos.

Velásquez concluye diciendo que no es que no quieran investigar a estas organizaciones, sino al contario. “Espero que con el transcurso del tiempo, de acuerdo con las posibilidades que vamos adquiriendo para desarrollar investigaciones, podamos demostrar que nosotros no protegemos a nadie. No estamos para ocultar ninguna actividad delictiva. En lo que sea de nuestra competencia, y capacidades materiales, asumiremos una investigación”.

NUESTRO POBRE ESTADO DE DERECHO AFECTA LA INVERSIÓN

Un país con poca seguridad, instituciones con baja credibilidad y un débil Estado de Derecho desestimulan la inversión extranjera. El resultado es una economía a la baja, lo cual nos afecta a todos.

En un Estado de Derecho, el poder y actividad están regulados y garantizados por la ley. Por ende, nadie está exento de cumplirla. Ello contribuye a estimular la confianza de la población al momento en que necesite denunciar delitos.

Un Estado de Derecho sólido es el tercer factor más importante en la toma de decisión sobre dónde invertir, seguido de la existencia de un entorno político estable: la ausencia de corrupción –tanto pública y privada- es el factor principal, según el Informe de Riesgo y Retorno.

Adecuándolo a lo que ha sucedido los últimos días en Guatemala, es responsabilidad del Presidente de la República velar por la estabilidad del país y garantizar el Estado de Derecho. Si el mandatario se dedica a entorpecer el trabajo de instituciones con credibilidad nacional e internacional como la CICIG, lo único que logra es polarizar a la población y desestabilizar el sistema. Y peor aún: desencadena una serie de eventos con graves consecuencias para el futuro del país. 

Cuando el ambiente de inseguridad prevalece, las personas y empresas deben incurrir en gastos adicionales para evitar ser víctimas del delito, común, o tan organizado que alcance niveles institucionales. El resultado directo es el cierre de empresas, caída en la inversión y pérdida de la competitividad, lo que genera mayor desempleo.

La labor del Estado es reforzar la legalidad. Al mismo tiempo, combatir la delincuencia y la corrupción, fortalecer la inversión productiva y la creación de nuevos empleos. De lo contrario, se obstaculiza el crecimiento económico y se contribuye al aumento de la pobreza.

Pero no todo debe quedar en manos de las entidades estatales. Nuestro deber como ciudadanos es acompañar estos procesos para denunciar y proponer. Lograr un Estado de Derecho no es solo una labor política: es un deber de todos los guatemaltecos.

LAS CONSULTAS PARALELAS NO SON LA SOLUCIÓN

A raíz del conflicto en torno a los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, la CC dictaminó que el Ministerio de Energía y Minas realice una consulta a las comunidades indígenas. Ahora resulta que las comunidades están planificando una consulta paralela, pero eso no es lo correcto. Hay que hacer las cosas conforme a la ley o después no habrá derecho a protestar.

Uno de los principales argumentos de las organizaciones que se oponen a los proyectos hidroeléctricos es que estos son instalados sin consultar previamente a los pueblos indígenas de la región, según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entonces, como respuesta a los problemas que se han producido en torno a los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, en Alta Verapaz, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) debe realizar la consulta a los pueblos indígenas en 11 comunidades cercanas a las hidroeléctricas.

Según expresaron los magistrados de la CC, el proceso de consulta debe ser un diálogo de buena fe entre el Estado (representado por el MEM), las comunidades y los propietarios de los proyectos.

Sin embargo, ahora resulta que en el municipio de Santa María Cahabón se está gestando una consulta paralela que se realizará el domingo 27 de agosto.

Esta otra consulta no solamente es ilegítima porque no cumple con lo que establecen el Convenio 169 y la sentencia de la CC, sino que pone en peligro todo el proceso de la consulta que debe realizar el MEM. El resultado sería una ola de desinformación, más conflicto social y posibles disturbios que no traerían nada bueno para nadie.

No equivoquemos el camino, señores: si hablamos de respetar la ley, respetémosla en su totalidad. Si protestamos porque las cosas no se hacen como es debido, entonces demos el ejemplo de la buena fe que decimos tener y sigamos al pie de la letra lo que dictan las instituciones. De lo contrario vamos a seguir como siempre, cada quien jalando por su lado y jamás llegando a nada concreto.

Aquí no se trata de hacer nuestra propia fiesta porque no nos gusta la fiesta oficial. Si queremos que el país prospere, debemos dialogar como gente adulta y no hacer berrinche ni poner en riesgo los debidos procesos legales.

Creo que es necesario que pongamos en perspectiva la visión de país que debemos tener: progreso y diálogo, o atraso y conflicto. Sería idóneo que las autoridades informen bien a la población donde ser llevarán a cabo estas consultas para que no caigan en desinformación.

Hay que evitar a toda costa de desmotivar a los pueblos en los procesos legales que servirán para el desarrollo de la misma comunidad. Hagamos bien las cosas. O suframos las consecuencias. El imperio de la Ley y el Estado de Derecho, debe ser el faro que nos guíe hacia una visión de país incluyente, pluricultural y con ganas de desarrollarse siempre.

SINIBALDI, EL MARERO DE CUELLO BLANCO

La extorsión es un mal que se ha enquistado en nuestro país desde hace décadas y es indispensable acabar con esa cultura de corrupción que nos está empujando al abismo.

La corrupción-extorsión se da a todo nivel en Guatemala, pero los ciudadanos de a pie tendemos a ver nada más lo más cercano: las extorsiones de los mareros a negocios, tiendas y transportistas. El efecto directo de este tipo de extorsión es la inseguridad y la desmotivación a crear nuevas micro empresas, por miedo a los delincuentes.

Sin embargo, existe una modalidad de extorsión que es a mayor nivel y que afecta en gran escala al país: la extorsión realizada por funcionarios del Estado que, aprovechándose de sus puestos, extorsionan a las empresas que le prestan servicios al Estado.

Este tipo de extorsionadores, de los cuales pareciera que Alejandro Sinibaldi es el rey, no solo llenan sus bolsillos de manera ilícita sino que afectan la calidad de vida de millones de personas en el país. 

Veamos: como Ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi extorsionó a numerosas empresas constructoras, a las que les exigía un 30% de comisión para otorgarles obras. Pero la cosa no paraba ahí. Digamos que la operación ofrecida valía Q100 millones. Menos los Q30 millones de comisión, a la empresa le quedarían Q70. Pero eso solo en teoría: de esos Q70 millones había que restar otros porcentajes para pagar todo tipo de comisiones.

Encima, Sinibaldi exigía 5% de comisión sobre cada pago efectuado a las empresas y aparte de ello las obligaba a realizar “donaciones” monetarias que se utilizaban para atacar a sus enemigos políticos. ¿Cómo creen que sacaron del ruedo político a Baldizón?

¿Por qué cedemos a las extorsiones?

El principal elemento que nos hace pagar un chantaje o extorsión es el miedo. A nivel personal, miedo por nuestra integridad física y la de nuestros seres queridos.

A nivel civil,  nos da miedo que la SAT nos multe e incluso nos envíe a la cárcel. También tenemos miedo a que el IGSS no nos atienda cuando seamos personas de la tercera edad.

A nivel empresarial, el miedo es a quedar fuera de “la jugada”, miedo a que el Estado no pague las deudas atrasadas por servicios prestados y, por consiguiente, miedo a la quiebra.

La corrupción-extorsión viene desde arriba hacia abajo y nos afecta a todos en nuestro día a día. Como los funcionarios estatales roban a gran escala, el Estado merma sus recursos y el dinero no llega a donde tiene que llegar.

Las consecuencias de ello las pagamos todos: si visitamos un centro de salud no hay medicinas porque las altas esferas del ministerio de Salud se encargaron de esquilmar los recursos por medio de compras fraudulentas y plazas fantasmas.

Los niños tienen que estudiar, sin refacción escolar, en escuelas sin escritorios y con ventanas y techos en pedazos.

Las personas de la tercera edad hacen cola durante horas en el IGSS solo para que les digan que no hay medicina y que regresen otro día; en el Hospital General San Juan de Dios, aparte de que no hay medicinas, los recién nacidos son colocados en cajas de cartón y corren el riesgo de enfermarse gravemente porque hay plaga de pulgas en la sección de maternidad.

Si hablamos de carreteras, en todo el territorio nacional corremos el riesgo de sufrir un accidente o de perder una llanta porque el asfalto (cuando lo hay) tiene más agujeros que un panal. En todo el país hay puentes de duroport que no duran ni lo de un período presidencial porque se caen al primer aguacero. Ah, pero eso sí, están valorados como si fueran construcciones del Primer Mundo.

En cuanto al transporte público, los usuarios tienen que arriesgar la vida utilizando camionetas que parecen chatarra y se arriesgan a ser asaltados y asesinados en cualquier momento. Nos quejamos de que los pilotos son maleducados y patanes, pero la culpa es de los altos funcionarios que se han robado el dinero dedicado a Educación. Y como los pilotos también son extorsionados por varias clicas distintas, se ven obligados a cobrar Q5 a partir de las 6 p.m. para ajustar el monto que les exigen los mareros.

Ya no digamos la extorsión ejercida por los supuestos cuida-carros en cualquier calle, o la mordida que nos exigen los policías para no llevarnos presos, ponernos multas antojadizas o confiscarnos el carro. ¿Y por qué nos extorsionan los policías? Porque sus superiores seguramente los extorsionan a ellos. Y porque “así ha sido siempre”.

Todo gracias a esos corruptos que, abusando del poder de sus puestos y traicionando la confianza de la población que votó por ellos, utilizan el estado como un cajero automático a su servicio.

¿Cómo estaría nuestro país si no existiera tanta corrupción? Seguramente seríamos un país más educado, más desarrollado, con mejor infraestructura, mucho menos delincuencia y una ciudadanía con mejor estado emocional.

Es imperativo que, como ciudadanos, pongamos nuestro granito de arena para erradicar la extorsión ejercida desde las altas esferas estatales. Debemos seguir denunciando a los funcionarios corruptos, exigir su captura y fomentar la cultura de denuncia.
Perdamos el miedo a denunciar. Por Guatemala. Por nuestros hijos.

Sinibaldi obligaba a las empresas a “donar” dinero para atacar a sus enemigos políticos.

¿PORQUÉ DEJAMOS TODO PARA ÚLTIMA HORA?

Somos maestros para posponer las cosas hasta el último momento. Cambiemos eso y construyamos un mejor país.

Los guatemaltecos nos caracterizamos por dejarlo todo para el último momento. Esperamos hasta que la fecha límite está sobre nuestros cuellos y de ahí andamos corriendo como pollos sin cabeza. ¿Por qué lo hacemos?

Cualquiera pensaría que se trata de una manera inconsciente de autocastigarnos, de hacernos sufrir por motivos que podríamos evitar. Si sabemos que el reloj corre más rápido en las mañanas, dejemos preparado lo que necesitamos llevar desde la noche anterior. Es muy sencillo: basta planificar qué ropa nos vamos a poner al día siguiente y dejarla lista en vez de esperar a la mañana siguiente.

Tengo una vecina que todas las mañanas le grita a sus hijos porque no encuentran un libro que tienen que llevar a la escuela, o porque no saben dónde dejaron el pantalón del uniforme. En este caso, la culpa es de ella: en vez de atormentar a sus pequeños, debería enseñarles a planificar. Pero lo más seguro es que ni ella misma prepare con anticipación lo que ha de llevar a su trabajo.

Y si eso pasa a nivel vida diaria, ya se imaginan a otros niveles. En lo que a trámites bancarios se refiere, esperamos hasta el último día para correr a pagar la tarjeta de crédito. Igual pasa con los impuestos, con la declaración del IVA, con las consultas al doctor, con el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos y tantos trámites más.

A nivel estatal-municipal es lo mismo: las autoridades municipales esperan hasta que los tragantes colapsan para enviar a las cuadrillas a sacar las toneladas de basura que se han acumulado en las alcantarillas, cuando se pudo hacer antes que empiece la época lluviosa.

Es por esa nefasta costumbre de, como dicen las viejitas, buscar comadrona hasta que se rompió la fuente, que el país está como está. No planificamos. No evitamos, sino que vamos corrigiendo sobre la marcha. Y así no se puede.

Cambiemos eso. Dejemos de ser un país impuntual y tercermundista, y empecemos a hacer pequeños cambios en nuestra vida diaria. Nos ahorraremos mucho estrés y dejaremos de quedar mal con medio mundo. No es tan difícil. Empecemos hoy, no mañana.

MARÍA CHULA, RACISMOS Y DEMANDA

Guatemala es un país que necesita emprendedores. Pero si a las dificultades económicas de fundar una empresa le añadimos el acoso de instituciones como CODISRA, el camino se torna cuesta arriba.

El crecimiento económico de un país proviene de varias vías: turismo, seguridad, estabilidad monetaria, inversión extranjera, un Estado libre de corrupción y emprendimiento empresarial, entre otras.

Todos sabemos que fundar una mediana o pequeña empresa es difícil en un país como el nuestro. Entre las primeras cosas que se necesitan, aparte de una fuerte suma de dinero (lo más difícil en la mayoría de los casos), debemos tener un concepto, una idea para otorgarle identidad a nuestros productos. 

¿Qué vamos a vender, y cómo hacer que nuestros futuros clientes nos identifiquen?

Una vez lograda la identidad-imagen para nuestro producto, que en papel suena fácil pero en la realidad no lo es tanto, debemos posicionarlo, invertir en publicidad y decidir si será un negocio de ventas en línea o si pondremos un local. En ambos casos, la inversión tiempo-dinero es considerable.

Negocios con identidad intercultural: ¿Sí o no?

El reciente caso de CODISRA demandando a la marca de ropa María Chula es un ejemplo de las contradicciones en que incurren algunas entidades del Estado. El consenso general es que CODISRA exageró al argumentar que el nombre de dicha empresa es peyorativo porque el nombre María se utiliza para designar a las mujeres indígenas, y que chula es un término paternalista.

Y aunque el escándalo se ha enfocado más desde un punto de vista cultural y social, también es preocupante desde un punto de vista económico. No solo hay pocos emprendedores en Guatemala sino que ahora deberán andar con pies de plomo al crear sus conceptos y bautizar sus empresas, no sea que los demanden.

Las consecuencias pueden ser precisamente lo que en teoría buscan evitar entes como CODISRA: que los empresarios se abstengan de tocar cualquier tema indígena por temor a las demandas.

Y no es así como se construye la unidad de un país multicultural y plurilingüe como el nuestro.

Minera San Rafael: una suspensión preocupante

La resolución de la Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente las actividades de la Minera San Rafael no es un triunfo. Es un retroceso.

Tomado de Siglo21

Mientras ambientalistas y organizaciones anti minería ven la resolución como una victoria, la verdad es muy distinta para los pobladores de San Rafael Las Flores, que por cierto se manifestaron frente a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que no la cerraran.

Sin embargo, la presión mediática, las demandas legales y las protestas en Casillas, que bloquearon el paso a trabajadores y proveedores de la mina desde semanas atrás, desembocaron en la orden de suspensión de la minera por parte de la CC.

El problema de fondo, más allá de los argumentos ambientalistas y los intereses ideológicos, es la cantidad de trabajadores de la Mina que se van a quedar sin cómo alimentar a sus familias.

Las pérdidas que conlleva la suspensión

Veamos: la mina San Rafael se dedica a la extracción de plata, no de oro y diamantes como argumentan algunas personas. Se trata de una empresa que genera 1,600 empleos directos. Además de ello, si contamos las microempresas que proveen de comida y servicios a la minera y sus trabajadores, estamos hablando de unos 17 mil indirectos. Dichos empleos benefician aproximadamente a 85 mil personas.

La cifra anterior se refiere a las consecuencias directas para la población que depende de la minera. A nivel estatal, el Estado dejará de percibir Q5 millones diarios por cada día que permanezca cerrada la minera. Más específicamente, la municipalidad de San Rafael Las Flores dejará de percibir Q50 millones anuales por concepto de regalías. Y si tomamos en cuenta que su presupuesto es de Q9 millones, el impacto es bastante fuerte, un retroceso. ¿El resultado? Menos infraestructura y muy posiblemente pérdida de empleos ediles.

Entonces habría que preguntar si la suspensión de la minera es realmente una victoria. Y si lo es, habría que preguntar entonces: ¿De quién?

Rumbo Positivo

Mina San Rafael: derechos y límites

Los trabajadores y propietarios de la Mina San Rafael así como otras empresas que se ubican en San Rafael Las Flores están siendo víctimas de la impunidad y falta de Seguridad y Justicia en nuestro país debido a que la gente del municipio vecino de Casillas les impiden el paso por la carretera.

El colmo es que si los trabajadores van con su uniforme de trabajo son agredidos por este grupo de gente.  Además del enorme daño que esta situación causa a la minera, a sus trabajadores y a las demás empresas y gente de San Rafael Las Flores, hay daño al país porque esos bloqueos violentos (no te dejo pasar y si tratas de hacerlo te agredo físicamente) que impiden la libre locomoción de las personas por una carretera pública son a todas luces ilegales.  Nadie tiene derecho a limitar la libre locomoción de cualquier persona por una carretera pública.  Y nadie tiene derecho de usar la violencia contra nadie.

Cualquier persona tiene derecho a estar en desacuerdo con otras personas o con laguna actividad de alguna empresa.  Esos desacuerdos se discuten, se busca diálogo y si acaso hubiese algún posible daño por alguna actividad de una persona hacia otra o de una empresa, existen los tribunales de justicia para que a través del debido proceso se pueda determinar quién tiene la razón.  Si una persona o empresa sale culpable de estar dañando derechos a otros entonces el tribunal le ordenará lo procedente en evitar seguir causando daño y resarcir el causado hasta ahora.  Así de sencillo.  En un mundo civilizado, los tribunales de justicia funcionan para arreglar estos desacuerdos donde algún derecho es vulnerado.

En este caso, los vecinos que están bloqueando el paso son los que están vulnerando los derechos de la empresa, de los trabajadores de la misma, de otras personas que tienen otros negocios en el lugar causando daño.  La lentitud con que el gobierno está actuando es imperdonable ya que ante acciones de hecho que vulneran el derecho de los demás la policía puede y debe actuar de inmediato despejando la vía y llevando ante los tribunales a los violadores de estos derechos.  Así de sencillo.  Esto si queremos vivir y trabajar en paz.

Sin embargo, no está sucediendo esto y el gobierno está incumpliendo con su función principal de seguridad y justicia.  Esto es suficiente para que cualquier inversión potencial se detenga y no quiera venir a Guatemala.  Nos quejamos de falta oportunidades, pero somos nosotros mismos los que las impedimos.  Decimos que no hay empleo en el interior del país, pero hacemos lo contrario para que ocurra.  Queremos que la pobreza disminuya, pero la fomentamos y la volvemos permanente.  Nuestros políticos son inconsistentes con lo que dicen y hacen.

Si queremos que respeten nuestros derechos debemos respetar igualmente el de los demás.  Si nos molesta que alguien impida nuestra libre locomoción por las carreteras públicas del país nosotros no tenemos derecho de impedirle a otros lo mismo.  Si no queremos que alguien cometa actos de violencia contra nosotros tampoco tenemos derechos de cometerlos contra los demás.  Los derechos siempre van en dos vías.  Mis derechos son los tuyos y el límite donde termina mi derecho es exactamente donde comienza el tuyo.  Así se logra una convivencia pacífica y armoniosa.

El gobierno debe actuar con fuerza en este caso y hacerlo ya para evitar que quienes bloquean sigan haciéndolo a modo que trabajadores y empresarios puedan pasar libremente a sus centros de trabajo y obtener así los ingresos para sus familias.

Tomado de

http://s21.gt/2017/06/29/mina-san-rafael-derechos-limites/

Opinión / Ramón Parellada

29 Jun 2017

La verdad detrás de Mina San Rafael

En este país, los intereses ocultos se aprovechan de la gente sencilla para manipularla y provocar enfrentamientos, como sucede actualmente en Santa Rosa, lastimando la economía de toda una comunidad.

El lunes leí que los vecinos de Casillas, visitaron el Congreso para exigir el cierre de la Mina San Rafael. Pero no fue el conflicto lo que me llamó la atención, porque ya es cosa habitual en estos casos, sino que los representantes de Casillas aseguraban que las actividades de la minera son la causa de los recientes sismos. 

Mi primera reacción fue de sorpresa: ¿Cómo es posible que alguien pueda creer eso? Y hasta llegaron al extremo de acusar al Insivumeh de emitir un informe falso a favor de la minera.

Mi segunda reacción fue indignarme, porque se nota lo tendencioso de algunas organizaciones anti-minería y la forma en que se aprovechan de la poca escolaridad de la gente para manipularla.

Pongámonos en contexto:

La población del municipio de Casillas tiene 27,610 habitantes, La mayoría se dedica a la producción de panela doméstica, a la ganadería bovina, porcina y avícola y a producir maíz, frijol, papas y caña de azúcar.

La mina San Rafael es la segunda mina de plata más grande del mundo. De hecho, Guatemala es el noveno mayor exportador de plata en el mundo. Contrario a lo que la mayoría de gente piensa, la plata no solo se utiliza en joyería sino para fabricar piezas de teléfonos celulares y tecnología satelital.

La mina San Rafael es una empresa que genera unos 1,600 empleos directos y 5 mil indirectos, entre ventas de comida y abarrotes, entre otros. Alrededor de esta han surgido aproximadamente 600 empresas locales que les proveen servicios a la minera y sus trabajadores. 

Esto genera 17 mil empleos indirectos que benefician aproximadamente a 85 mil personas, contando a sus familiares. Y si contamos a los familiares de los trabajadores de la mina, nos da un estimado de casi 120 mil personas beneficiadas.

A ello añadámosle las actividades de responsabilidad social empresarial de la mina. ¿Por qué los detractores no hablan de los más de 2 mil niños y las 700 mujeres artesanas beneficiadas por sus programas educativos?

Los activistas exigen que la minera suspenda sus actividades, que generan un movimiento económico de casi Q5 millones diarios, entre pagos a operadores y otras transacciones. Lo que están logrando con los bloqueos es congelar la economía del lugar. ¿Será que eso es lo que realmente quiere y necesita la población local?

Pero claro: los grandes productores de empleo siempre van a provocar tirria y anticuerpos que se oponen al progreso que llevan a las comunidades. Ya sea por motivos ideológicos, desinformación o pura mala fe, estas organizaciones, que a lo sumo emplean a unas 30 personas, se han dedicado a difundir los siguientes mitos:

Mitos acerca de la Mina San Rafael:

1. Que los recientes sismos y temblores son culpa de la minera.
Falso: Eddy Sánchez, director del Insivumeh, afirma que Casillas está ubicado cerca de la falla de Jalpatagua y por eso el área es altamente sísmica.

2. Que la minera está excavando túneles bajo Casillas y por eso se están rajando las casas.
Falso: La minera tiene su centro de operaciones a 16 kilómetros del área habitada.

3. El más absurdo: que en el área hay sequía porque la minera colocó un gigantesco paraguas invisible, porque necesita un ambiente seco para extraer la plata.

Falso: Como todos sabemos, la sequía se debe al cambio climático. Casillas no está viviendo ese famoso capítulo de Los Simpson. ¿Cuántos aviones, helicópteros y avionetas se habrían estrellado ya por culpa de esta sombrilla invisible gigante? Ojalá existieran esas sombrillas gigantes, así podríamos pedir una para la capital y prevenir deslaves en los asentamientos.

4. Que la minera utiliza dinamita para extraer la plata y que las montañas desaparecerán por su culpa.

Falso: Lo que la minera utiliza para fragmentar las piedras es un roto-martillo giratorio.

5. Que la Laguna de Ayarza se está secando porque la minera le está robando el agua para su funcionamiento.

Falso: La culpa es del calentamiento global. Si fuera la minera, necesitaría tuberías de casi 40 kilómetros.

6. Que los países del Primer Mundo tienen prohibida la minería a cielo abierto y que por eso explotan a los países en desarrollo.

Falso: Australia, Canadá y Estados Unidos figuran entre los cinco mayores productores y exportadores mundiales de cobre, plata, uranio, níquel, oro, hierro, bauxita, aluminio, azufre y carbón. Y lo hacen por medio de minería de cielo abierto.

Bien decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.

Miedos, ideologías, intereses políticos y subjetividad. La opinión pública, constantemente bombardeada por los argumentos en contra de la minería, se ha vuelto hostil.

A eso se le añade la ausencia del Estado en la resolución de problemas estructurales que le atañen por mandato constitucional y que no puede esperarse que vengan a ser mágicamente resueltos por una empresa minera.

Y sin embargo, hace más una minera por las comunidades que lo que hacen nuestros políticos, más preocupados por sus negocios corruptos, por cubrir sus huellas y actuar detrás de las cortinas de humo. 

¿Y qué mejor cortina de humo que desviar la atención de la gente hacia un conflicto hidroeléctrico o minero?

En lo personal me parece una irresponsabilidad por parte de los líderes de estas organizaciones, a quienes no les importa crear conflictividad y exponer a la población a acciones represivas que ellos mismos han promovido de manera indirecta, todo con tal de satisfacer sus odios ideológicos y sus intereses monetarios. Porque no creo que lo hagan de gratis.

Si algo he aprendido a lo largo de mi vida es que en este país nadie hace nada por motivos nobles y que siempre hay intereses de por medio. Eso sí, todos dicen que su causa es justa. ¿De qué otra forma podría ser?

Es comprensible la preocupación por el medio ambiente y la conservación de los ecosistemas nacionales. Pero cerrar una mina que provee de empleos directos e indirectos implicaría dejar sin empleo a miles de compatriotas que viven de esta actividad. 

El precio de la satisfacción egoísta de unos cuantos sería demasiado alto.

Con información de

opinion.infobae.com/mario-capello/2013/06/22/mitos-y-realidades-de-la-mineria-a-cielo-abierto/index.html

geo.exa.unrc.edu.ar/MINERIA/Mitos%20y%20verdades%20sobre%20la%20mineria.pdf

www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/vecinos-exigen-cierre-de-la-mina-san-rafael