La resolución de la
Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente las actividades de la
Minera San Rafael no es un triunfo. Es un retroceso.
Mientras ambientalistas y organizaciones anti minería ven la
resolución como una victoria, la verdad es muy distinta para los pobladores de
San Rafael Las Flores, que por cierto se manifestaron frente a la Corte Suprema
de Justicia para solicitar que no la cerraran.
Sin embargo, la presión mediática, las demandas legales y
las protestas en Casillas, que bloquearon el paso a trabajadores y proveedores
de la mina desde semanas atrás, desembocaron en la orden de suspensión de la
minera por parte de la CC.
El problema de fondo, más allá de los argumentos ambientalistas
y los intereses ideológicos, es la cantidad de trabajadores de la Mina que se van
a quedar sin cómo alimentar a sus familias.
Las pérdidas que
conlleva la suspensión
Veamos: la mina San Rafael se dedica a la extracción de
plata, no de oro y diamantes como argumentan algunas personas. Se trata de una
empresa que genera 1,600 empleos directos. Además de ello, si contamos las
microempresas que proveen de comida y servicios a la minera y sus trabajadores,
estamos hablando de unos 17 mil indirectos. Dichos empleos benefician
aproximadamente a 85 mil personas.
La cifra anterior se refiere a las consecuencias directas
para la población que depende de la minera. A nivel estatal, el Estado dejará
de percibir Q5 millones diarios por cada día que permanezca cerrada la minera.
Más específicamente, la municipalidad de San Rafael Las Flores dejará de
percibir Q50 millones anuales por concepto de regalías. Y si tomamos en cuenta
que su presupuesto es de Q9 millones, el impacto es bastante fuerte, un
retroceso. ¿El resultado? Menos infraestructura y muy posiblemente pérdida de
empleos ediles.
Entonces habría que preguntar si la suspensión de la minera
es realmente una victoria. Y si lo es, habría que preguntar entonces: ¿De
quién?
Rumbo Positivo
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