Un país con poca seguridad, instituciones con baja
credibilidad y un débil Estado de Derecho desestimulan la inversión extranjera.
El resultado es una economía a la baja, lo cual nos afecta a todos.
En un Estado de Derecho, el poder y actividad están
regulados y garantizados por la ley. Por ende, nadie está exento de cumplirla. Ello contribuye a estimular la confianza de la población al momento en
que necesite denunciar delitos.
Un Estado de Derecho sólido es el tercer factor más
importante en la toma de decisión sobre dónde invertir, seguido de la
existencia de un entorno político estable: la ausencia de corrupción –tanto
pública y privada- es el factor principal, según el Informe de Riesgo y
Retorno.
Adecuándolo a lo que ha sucedido los últimos días en
Guatemala, es responsabilidad del Presidente de la República velar por la
estabilidad del país y garantizar el Estado de Derecho. Si el mandatario se
dedica a entorpecer el trabajo de instituciones con credibilidad nacional e
internacional como la CICIG, lo único que logra es polarizar a la población y
desestabilizar el sistema. Y peor aún: desencadena una serie de eventos con
graves consecuencias para el futuro del país.
Cuando el ambiente de inseguridad prevalece, las personas y
empresas deben incurrir en gastos adicionales para evitar ser víctimas del
delito, común, o tan organizado que alcance niveles institucionales. El
resultado directo es el cierre de empresas, caída en la inversión y pérdida de
la competitividad, lo que genera mayor desempleo.
La labor del Estado es reforzar la legalidad. Al mismo
tiempo, combatir la delincuencia y la corrupción, fortalecer la inversión
productiva y la creación de nuevos empleos. De lo contrario, se obstaculiza el
crecimiento económico y se contribuye al aumento de la pobreza.
Pero no todo debe quedar en manos de las entidades estatales.
Nuestro deber como ciudadanos es acompañar estos procesos para denunciar y
proponer. Lograr un Estado de Derecho no es solo una labor política: es un
deber de todos los guatemaltecos.
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