Los trabajadores y propietarios
de la Mina San Rafael así como otras empresas que se ubican en San Rafael Las
Flores están siendo víctimas de la impunidad y falta de Seguridad y Justicia en
nuestro país debido a que la gente del municipio vecino de Casillas les impiden
el paso por la carretera.
El colmo es que si los
trabajadores van con su uniforme de trabajo son agredidos por este grupo de
gente. Además del enorme daño que esta
situación causa a la minera, a sus trabajadores y a las demás empresas y gente
de San Rafael Las Flores, hay daño al país porque esos bloqueos violentos (no
te dejo pasar y si tratas de hacerlo te agredo físicamente) que impiden la
libre locomoción de las personas por una carretera pública son a todas luces
ilegales. Nadie tiene derecho a limitar
la libre locomoción de cualquier persona por una carretera pública. Y nadie tiene derecho de usar la violencia
contra nadie.
Cualquier persona tiene derecho a
estar en desacuerdo con otras personas o con laguna actividad de alguna
empresa. Esos desacuerdos se discuten,
se busca diálogo y si acaso hubiese algún posible daño por alguna actividad de
una persona hacia otra o de una empresa, existen los tribunales de justicia
para que a través del debido proceso se pueda determinar quién tiene la
razón. Si una persona o empresa sale
culpable de estar dañando derechos a otros entonces el tribunal le ordenará lo
procedente en evitar seguir causando daño y resarcir el causado hasta
ahora. Así de sencillo. En un mundo civilizado, los tribunales de
justicia funcionan para arreglar estos desacuerdos donde algún derecho es
vulnerado.
En este caso, los vecinos que
están bloqueando el paso son los que están vulnerando los derechos de la
empresa, de los trabajadores de la misma, de otras personas que tienen otros
negocios en el lugar causando daño. La
lentitud con que el gobierno está actuando es imperdonable ya que ante acciones
de hecho que vulneran el derecho de los demás la policía puede y debe actuar de
inmediato despejando la vía y llevando ante los tribunales a los violadores de
estos derechos. Así de sencillo. Esto si queremos vivir y trabajar en paz.
Sin embargo, no está sucediendo
esto y el gobierno está incumpliendo con su función principal de seguridad y
justicia. Esto es suficiente para que
cualquier inversión potencial se detenga y no quiera venir a Guatemala. Nos quejamos de falta oportunidades, pero
somos nosotros mismos los que las impedimos.
Decimos que no hay empleo en el interior del país, pero hacemos lo
contrario para que ocurra. Queremos que
la pobreza disminuya, pero la fomentamos y la volvemos permanente. Nuestros políticos son inconsistentes con lo
que dicen y hacen.
Si queremos que respeten nuestros
derechos debemos respetar igualmente el de los demás. Si nos molesta que alguien impida nuestra
libre locomoción por las carreteras públicas del país nosotros no tenemos
derecho de impedirle a otros lo mismo.
Si no queremos que alguien cometa actos de violencia contra nosotros
tampoco tenemos derechos de cometerlos contra los demás. Los derechos siempre van en dos vías. Mis derechos son los tuyos y el límite donde
termina mi derecho es exactamente donde comienza el tuyo. Así se logra una convivencia pacífica y
armoniosa.
El gobierno debe actuar con
fuerza en este caso y hacerlo ya para evitar que quienes bloquean sigan
haciéndolo a modo que trabajadores y empresarios puedan pasar libremente a sus
centros de trabajo y obtener así los ingresos para sus familias.
Tomado de
http://s21.gt/2017/06/29/mina-san-rafael-derechos-limites/
Opinión / Ramón Parellada
29 Jun 2017
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